Cuando estamos a punto de despedir 2014, es buen momento para echar la vista atrás brevemente y recordar lo que ha sido el año político. Un año que ha supuesto la antesala de una recuperación económica deseada, con unos indicadores cada vez más evidentes y esperanzadores. Sucede que, por desgracia, en España acapara más titulares el que hace ruido y el que hace la propuesta más populista e inverosímil, que el que se dedica a trabajar en pos de un objetivo marcado a principio de legislatura como a fuego, que no es otro que la salida de la crisis y la generación de empleo. En España seguimos presos de ese conocido como “síndrome del foso de la orquesta”. Un síndrome que se explica con una escena muy gráfica: Un político sube a un escenario. Desglosa de manera brillante y efectiva un programa de gobierno completo y necesario. Añade ejemplos emotivos, arranca el aplauso del público varias veces y cuando ha terminado se baja entre exclamaciones de satisfacción del respetable. Sale después un segundo político. En el tramo de escaleras que lo separa del atril, tropieza y cae al foso de la orquesta. ¿Cuál de los dos saldrá en las portadas y acaparará los titulares de la mañana siguiente? Pues algo así pasa en España.
Tenemos un Gobierno que desde que tomó posesión se ha dedicado a una frenética actividad reformista desde el punto de vista legislativo, con el único fin de allanar el camino a la salida de la crisis. Sólo en este 2014 que está a punto de terminar se han aprobado diez leyes más que en 2013, llegando hasta las treinta y seis. Todas importantes y caracterizadas por la continuidad con respecto a 2013 en cuanto al objetivo prioritario de la salida de la crisis y el fomento del empleo. Así, por ejemplo, se ha aprobado un Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, por el que se establece la nueva “tarifa plana” de cien euros en la cotización a la Seguridad Social para la contratación de nuevos trabajadores indefinidos o el Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, que configura el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo e intermediación laboral en el conjunto del Estado. También importante la Ley 15/2014 de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Esta ley introduce un conjunto de modificaciones legislativas orientadas especialmente a: reordenar los organismos públicos, adecuar las estructuras públicas, simplificar los procedimientos administrativos y modificar el régimen jurídico de los empleados públicos. Con ello se persigue, lograr unos servicios más efectivos y productivos. Para los que se sienten más atraídos por el patoso que se cae al foso de la orquesta, debe haber pasado desapercibido el esfuerzo de este Gobierno por llegar a acuerdos en materias de Estado, como puede ser la protección a los más desfavorecidos. En este sentido me gustaría señalar cómo, tras meses de intensas negociaciones, con fecha de 15 de diciembre de 2014 y entrada en vigor el 15 de enero de 2015, se ha aprobado un programa de ayuda a parados de larga duración con cargas familiares que consta de dos partes: una ayuda económica de 426 euros mensuales durante seis meses y, un programa de inserción laboral. Legislativamente no se podría haber terminado mejor.
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