Me consta que en muchos ámbitos del PSOE no ha gustado la reciente fotografía de Pedro Sánchez junto a Cándido Méndez. Sánchez fue hasta la sede del sindicato como los embajadores van a presentar las cartas credenciales al Rey. Fue para obtener el “plácet” del todavía poderoso Méndez y según la prensa charlaron sobre la reforma laboral y la reforma fiscal del Gobierno. No consta que hablasen de lo que se ha hablado durante todo el fin de semana que es de la trama de las facturas falsas. Resulta que la correspondencia intervenida por la Guardia Civil en el caso de las facturas falsas revela de forma clara la connivencia entre los responsables de UGT de Andalucía y las empresas proveedoras «de confianza» para amañar las cantidades pagadas. Este amaño supuso una «financiación alternativa para el mayor sindicato andaluz, según lo definen los agentes en diferentes informes. Los investigadores explican la operativa de este modo: «Proveedores de confianza a los que se les conminaba a que modificasen determinados apartados de las facturas, tales como su concepto, fecha o cuantía; o que se emitiesen nuevas facturas. Los diarios detallan que las correcciones de las facturas ordenadas por los responsables de UGT se repetían «varias veces en el mismo documento, incluso alguna vez estos cambios en el concepto se pedían sobre facturas emitidas hace dos años, sin que pidieran ningún cambio en la fecha de facturación». Es decir, no se preocupaban siquiera de maquillar el tema de lo estandarizado que tenían el proceso.
Todos los periódicos del sábado publican la frase textual: «¿queréis una factura por su importe real, o por otro?», que algunos, como EL MUNDO, llevan a su portada. LA RAZÓN hace hincapié en que el caso de las facturas falsas acabó dividiendo a UGT. Este rotativo informa de que pinchazos telefónicos revelan duras críticas al sindicato, por lo que pone literalmente. «Si queremos liquidamos a Cándido». Y es que el caso se agrava por momentos. La declaración judicial sugiere que estamos ante un mecanismo de fraude extendido en el tiempo que afecta a varios equipos directivos del sindicato. «Se convierte así en un problema político de mayor cuantía que ya no puede zanjarse simplemente con la dimisión de Francisco Fernández Sevilla» y que «deteriora la credibilidad sindical, puesto que conduce a la cuestión ineludible de si la dirección nacional conocía tales prácticas y si acaso no prestó la atención debida a las cuentas regionales», según EL PAÍS. Por todo esto digo que no ha gustado la foto de Pedro Sánchez con Méndez, porque es un lastre demasiado pesado ya. Pero allá ellos. Pasando a un ámbito más doméstico, a nuestra región, esta semana se ha vuelto a hablar del escandalazo urbanístico de Seseña. El pasado viernes se dictó orden de apertura de juicio oral contra el ex alcalde socialista de la localidad, José Luis Martín Jiménez, y cabe recordar que Izquierda Unida señaló directamente a García-Page como interlocutor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hablar de la actuación urbanística del Quiñón de Seseña. Es más, ese macroproyecto no podría haber salido adelante sólo por la voluntad de un alcalde, sino que tuvo que contar con la connivencia, la ayuda y la colaboración del Ejecutivo socialista de la época en el que García-Page tenía un papel preponderante. Todos recordamos cómo fue el propio Page el que ofreció al posterior regidor de IU “tratamiento de alcalde socialista” si salía adelante la actuación urbanística del Quiñón de Seseña. Casos, el de Andalucía y el de Seseña, que ponen de manifiesto cómo el PSOE siempre anda cerca de ese ecosistema de la corrupción del que aún faltan muchas explicaciones que dar a los ciudadanos.
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