El pasado 1 de julio entró en vigor la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Según el propio Preámbulo de la ley, para garantizar la seguridad ciudadana, que es una de las prioridades de la acción de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la Constitución dispone de tres mecanismos: un ordenamiento jurídico adecuado para dar respuesta a los diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que asegure su aplicación, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la prevención y persecución de las infracciones. Libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertados y no un fin en sí mismo. Una no se entiende sin la otra. El PSOE, secuestrado por sus pactos con los radicales, ya ha asumido el compromiso de derogar esta ley que sólo preocupa a los que quieren transgredirla. Para situar a cada uno en su sitio hay que señalar que los cuatro principales sindicatos de la Policía –SUP, CEP, UFP y SPP– han mostrado su satisfacción porque la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ya en vigor, ofrece más protección y garantías a los agentes, al clarificar su actuación en diversas situaciones.
A través de un comunicado conjunto, las cuatro organizaciones sindicales reconocen que el texto es «polémico», aunque no dudan en aplaudir el hecho de que aclara su actuación en algunos supuestos como el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los policías. Al respecto de este punto, uno de los más controvertidos de la ley y «que ha sido empleado de forma torticera por quienes se oponen» a la norma, los sindicatos apuntan que se podrá seguir grabando a los agentes, pero no difundir esas imágenes cuando ello suponga poner en peligro al funcionario, a su familia o al desarrollo de su labor policial. Y recuerdan que «ya ha sucedido en el pasado la difusión de imágenes de policías e incluso su dirección postal», lo que provocó que sufrieran el «acoso por parte de algunos ciudadanos», obligándoles a «trasladarse de domicilio». Mientras, en lo que se refiere a la transformación de parte de las faltas del Código Penal en infracciones administrativas, consideran que «no supone ningún tipo de pérdida de garantía legal», pues concede «mayor eficacia» a la hora de perseguir determinadas infracciones, como «los insultos a funcionarios públicos». En definitiva, las cuatro organizaciones defienden que la ley no es más restrictiva que la anterior, sino «al contrario», pues hacen hincapié en que, en muchos casos, proporciona más garantías a los ciudadanos y mayor protección a los policías. De esta ley se va a hablar en Ciudad Real en el próximo Pleno que el Ayuntamiento celebrará esta semana. Ganemos- Izquierda Unida presentó una moción en la Comisión preparatoria de Pleno celebrada la pasada semana. Con su habitual dialéctica frentista defenderán la derogación de esta ley. Lo más chusco del asunto es que, en una especie de “órdago a la grande”, el PSOE presentó una moción alternativa similar a la de Ganemos, con ese estilo faltón que les caracteriza. Escuchados los argumentos de unos y de otros, yo lo tengo claro. Entre posicionarme a favor de los que pactan con PODEMOS y con aberchales como BILDU, o posicionarme a favor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no tengo dudas. Siempre con el Estado de Derecho y con nuestra Policía. Otros se retratarán en el Pleno del día 29.
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