A la vista de los últimos acontecimientos que tienen que ver con las finanzas de las instituciones de la región me surgen dudas en relación a la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha por parte de los miembros del Gobierno regional. Digo esto a cuenta de la reciente decisión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mediante la cual y con los votos exclusivamente de los representantes del PSOE y la abstención de Izquierda Unida y Podemos, se aprobó la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos. El texto aprobado ofrece determinadas cantidades a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022. Dicho de otra manera, el Gobierno se apropia de los 15.000 millones de euros ahorrados por los Ayuntamientos durante los últimos siete años. Me parece un chantaje inaceptable el hecho de que para que las Entidades Locales puedan gastar parte de su remanente tengan que prestarle todo su dinero al Gobierno, por no hablar del atentado al principio de Autonomía Local consagrado en la Constitución. Creo que confiscar el superávit de los ayuntamientos es un nuevo atraco del Gobierno de Pedro Sánchez a los ciudadanos.

Al hilo de la cuestión, el pasado 18 de mayo en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, pregunté al consejero de Hacienda sobre qué pensaba hacer para que el Gobierno central no se apropiara de los remanentes de los ayuntamientos y diputaciones. El consejero me contestó que él no había oído nada de eso y me acusó nada menos que de calumniar. Pues menos de tres meses después ahí lo tienen. Y no parece que Page vaya a alzar la voz ante esta tropelía, porque la han perpetrado sus compañeros de partido.

El problema es que ya llueve sobre mojado. El pasado mes de abril supimos que el Gobierno de Sánchez se pensaba quedar  con los 50 millones de euros con los que nuestra región contaba para Formación Profesional para el Empleo. Por primera vez esa partida de 1.000 millones de euros – de los que 50 correspondían a nuestra región -, que el Gobierno repartía entre las CCAA para que fueran ellas las que llevaran a cabo los programas de Formación Profesional para el Empleo, se había evaporado. Y Page calló. 50 millones con los que contábamos y que ya no llegarán.

Pero por si no fuera suficiente, Sánchez, con el beneplácito de Page, se incautó de 130 millones de euros de la liquidación del IVA 2017 de nuestra región, cantidad que deberíamos haber cobrado el pasado 2019. El tándem Pedro Sánchez-Page traiciona a Castilla-La Mancha y a sus instituciones.