El pasado 1 de julio entró en vigor la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Según el propio Preámbulo de la ley, para garantizar la seguridad ciudadana, que es una de las prioridades de la acción de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la Constitución dispone de tres mecanismos: un ordenamiento jurídico adecuado para dar respuesta a los diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que asegure su aplicación, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la prevención y persecución de las infracciones. Libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertados y no un fin en sí mismo. Una no se entiende sin la otra. El PSOE, secuestrado por sus pactos con los radicales, ya ha asumido el compromiso de derogar esta ley que sólo preocupa a los que quieren transgredirla. Para situar a cada uno en su sitio hay que señalar que los cuatro principales sindicatos de la Policía –SUP, CEP, UFP y SPP– han mostrado su satisfacción porque la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ya en vigor, ofrece más protección y garantías a los agentes, al clarificar su actuación en diversas situaciones.
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