Seguramente de lo que más se ha hablado esta semana es de transparencia. El Gobierno de Mariano Rajoy escuchó el clamor de los ciudadanos en este sentido, convirtiéndose en el primero que ha aprobado una norma que no fueron capaces, o no quisieron sacar adelante sucesivos gobiernos del PSOE, pese a que antes la transparencia era tan necesaria como ahora, o quizá más. Más allá de los cotilleos de ver qué político cobra más o menos que otro, es una herramienta útil para aportar luz sobre la gestión pública. Si consideramos que la participación es la base de una sociedad efectivamente democrática, para que haya efectiva participación se requiere transparencia (sólo hay participación inteligente cuando se puede procesar información). A su vez, la transparencia es la base de la probidad: sólo una sociedad informada del gasto público puede fiscalizarlo. Participación, transparencia y probidad u honradez son el nuevo triángulo virtuoso, a decir de algunos especialistas en la materia. En el Partido Popular no tenemos miedo a que los ciudadanos sepan, y esta ley sin duda es el primer paso para consolidar la idea de que las Administraciones Públicas carecen de un derecho general a la opacidad y que, en lo sucesivo, habrán de responder a los requerimientos de información de los ciudadanos.