Desde hace algunos años se ha pasado de hablar exclusivamente de defensa a vincular este concepto con el de seguridad. Así, es común oír hablar de política de “seguridad y defensa”. Esto es normal si tenemos en cuenta que los conflictos actuales, y previsiblemente los futuros, responden a una configuración multidimensional que hace inviable su resolución por medio de herramientas exclusivamente políticas, diplomáticas, económicas o militares. En España también se dan situaciones que, si bien no suponen una amenaza a corto plazo, si pueden actuar como “potenciadores” de riesgo. Es decir, a los tradicionales riesgos y amenazas a la seguridad, que implicaban una respuesta militar, se han unido otros que, si bien no tienen la capacidad destructiva de la guerra convencional, dificultan y degradan el desarrollo social y la convivencia. Cuestiones como el crimen organizado, la trata de blancas, el tráfico ilegal de personas o el tráfico de armas, son cuestiones que afectan a la seguridad nacional y que, en un momento dado, pueden conseguir que España parezca un país inseguro. Lo cierto es que España es un país seguro y gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenemos una de las cifras de criminalidad más bajas de toda Europa.
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