El pasado martes el Congreso rechazó con una amplia mayoría tramitar la proposición de ley del Parlamento catalán que pedía al Gobierno la competencia para poder celebrar la consulta soberanista. La iniciativa contó con 299 votos negativos, de PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias y UPN, mientras que votaron a favor los 47 diputados de CiU, ERC, Izquierda Plural, PNV, Amaiur, BNG, Geroa-Bai, Compromís y Nueva Canarias. Es decir, que votaron a favor del tema el antiguo tripartito catalán, los herederos de Herri  Batasuna y algún que otro despistado. La única abstención fue la de la diputada de Coalición Canaria. En términos porcentuales, el texto catalán fue rechazado por el 86% de los diputados, frente al 13,7% que apoyó su tramitación. Pese al varapalo cosechado, los instigadores del asunto siguen erre que erre. Tras escuchar a los tres representantes del Parlamento catalán, Rajoy insistió en que no se podía acceder a su petición porque no lo permite la Constitución, ya que se trata de una competencia indelegable del Estado. «Si este Parlamento tuviera la potestad de transferir la titularidad de todas las competencias exclusivas, estas Cortes tendrían la potestad de liquidar la Constitución y el Estado mismo, sin el concurso ni la aprobación del conjunto de los españoles», resaltó. Según dijo, el propósito de la consulta es inconstitucional y de nada sirve vestir esa reclamación de «calor popular». En la misma línea, Rubalcaba se mostró «absolutamente en desacuerdo» con la independencia de Cataluña por razones «históricas, culturales, políticas y económicas» y apuntó que el objetivo de la resolución del Parlament «no está en ninguna Constitución del mundo«. El líder del PSOE dijo que pertenece a una generación que quiere seguir compartiendo con Cataluña una España que «se sabe fuerte porque está unida» y porque es «respetuosa con su diversidad», además de «libre y democrática».