Hace sólo dos años Castilla-La Mancha estaba desahuciada. Los gobiernos megalómanos de Bono habían dado paso a un Barreda entregado a los suyos, a los poderosos, y que terminó de hundir a nuestra región jalonada por esos “altos alcázares de la miseria” que relataba el malogrado Martín Santos en su “Tiempo de Silencio”, y que podían verse emerger en nuestra tierra en forma de obras faraónicas y empresas sin negocio, pero subvencionadas para instalarse en municipios gobernados por el PSOE. A Castilla-La Mancha le habían administrado ya el “santolio” como vulgarmente se llamaba el gesto cristiano de recibir los últimos sacramentos antes de la defunción. Hace sólo dos años la deuda nos asfixiaba y los proveedores no cobraban de la administración por lo que en la práctica, los que no quebraban, se convertían en financiadores de una administración que no pagaba lo que debía y que seguía realizando gastos para mantener la mastodóntica maquinaria de gastos y de voluntades compradas a fuerza de dinero público. En estas estábamos cuando un 22 de mayo de 2011 los ciudadanos de esta región dieron un golpe de timón, un cambio de rumbo propiciado por los que no se resignaban a un naufragio seguro ante la impericia, la temeridad o la soberbia de un timonel incapaz. Y encargaron a Cospedal que sacara a Castilla-La Mancha de la postración a la que había estado sometida durante largos años. La primera gran apuesta de este gobierno fue la estabilidad presupuestaria; estabilidad indispensable para garantizar los servicios sociales básicos y la financiación adecuada de unos servicios públicos de calidad que suponen garantizar la sostenibilidad presente y futura de nuestro sistema de bienestar, así como recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo que, pese a los agoreros, llegará antes de que acabe la legislatura. En el segundo año tocó hacer el más difícil todavía y cumplir con un objetivo de déficit que parecía imposible. Gracias al esfuerzo de todos se consiguió reducir el déficit en más de 6 puntos en 2012. Del 7,7% en 2011 al 1,48% en 2012. Nunca nadie consiguió una reducción así en ninguna comunidad autónoma.
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