El llamado “sector minero español” está subvencionado y sobreprotegido desde el s. XIX por deficitario.  En 1990 la Unión Europea fijó un horizonte de cierre de las explotaciones y lanzó un plan a ocho años para prescindir del carbón en busca de otras formas de energía más rápidas, más limpias, más económicas y menos contaminantes. Tras sucesivas prórrogas y tras cuatro planes de reconversión sucesivos, el proceso culmina en Agosto de 2011 cuando el  gobierno del PSOE firma el plan de cierre de la minería remitiendo un documento a Bruselas en el que figura literalmente “a fecha 01/01/2019 no quedará abierta ninguna unidad de producción minera de carbón que hubiese recibido ayudas”. Ese mismo año, en los últimos presupuestos del Estado elaborados por el PSOE, se recortaron los fondos a la minería de 1.078 millones de euros a 688 lo que hizo que Zapatero no pudiese asomar la cara por Rodiezmo, tradicional bastión minero. Parece que esos recortes y ese plan de cierre no fueron lo suficientemente graves para que los mineros se movilizaran. Pero claro, ahora gobierna el PP. Ha sido anunciar los presupuestos del Estado para 2012 y se ha liado la mundial. Los mineros, alentados por el PSOE y por la UGT como en el 1934, han convertido Asturias y otras zonas de España en campo de batalla perdiendo a ojos de la opinión pública parte o toda la razón que pudieran tener.